Prosa aprisa Contralora del Gobierno de Cuitláhuac, en el Consejo Estatal de MC

LO PUBLICADO es una responsabilidad del autor Prosa aprisa Contralora del Gobierno de Cuitláhuac, en el Consejo Estatal de MC Arturo Reyes Isidoro Aun cuando la gobernadora Rocío Nahle combate en forma furibunda a Movimiento Ciudadano (MC), la gran sorpresa del miércoles fue la presencia de la Contralora General del Estado en el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, Mercedes Santoyo Domínguez, en el Consejo Estatal de ese partido, que se celebró en la capital del estado. La exfuncionaria alcanzó a ser fotografiada por la reportera Ángeles González Ceballos, del portal Referente, con el presidente del Consejo, Dante Delgado Morales, antes de que desapareciera rescatada por otra persona para evitar ser entrevistada. El cónclave lo encabezó el dirigente estatal, Luis Carbonell de la Hoz. La misma Santoyo se sorprendió al ser descubierta por las periodistas, pues tal vez pensó que no la reconocerían o que no le prestarían atención. Entre simpatizantes y militantes emecistas vieron bien su presencia pues la tomaron como un signo de la fuerza que ha tomado MC y del interés que despierta como partido opositor, lo que se comprobó con la presencia también del exdirigente municipal del PRI en el puerto de Veracruz, Raúl Díaz Diez. Aun cuando Mercedes Santoyo renunció al cargo el 11 de diciembre de 2023, parece que pretende seguir los pasos de Xóchitl Arbesú Lago, quien luego de que fue cesada como secretaria de Turismo también en el gobierno de Cuitláhuac, se afilió a MC, partido en el cual está convertida una gran activista en el sur del estado. La noticia no debió haber sido nada agradable para la gobernadora Rocío Nahle luego de que apenas el 23 de septiembre pasado, Ana Lilia Coxca Guarneros, subdirectora de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Cuitláhuac, minimizó el anuncio que hizo de aumento de sueldo a la burocracia “Ese aumento se hace cada año desde hace mucho, no hizo nada nuevo”, algo así como “¡Bah! Peccata minuta”. Cuitláhuac y Zepeta, “líderes del cártel inmobiliario” Sobre la presencia de la ¿exmorenista? Mercedes Santoyo, el dirigente estatal, Carbonell de la Hoz, dijo al columnista que no es militante de su partido y que seguramente asistió porque alguien la invitó. “Respetamos todas las expresiones, pero desde luego que si cometió algún delito o metió mano al cajón, debe de pagar como cualquier veracruzano”. Aprovechó para arremeter contra Cuitláhuac García Jiménez y Esteban Ramírez Zepeta, dirigente estatal de Morena. Del exgobernador comentó que es “uno de los mayores delincuentes de Veracruz” y lo calificó como “líder del cártel inmobiliario”, en el que incluyó a Zepeta, “muestra de ello son los 160 millones de pesos que se robaron vía el estadio Luis ‘Pirata’ Fuente”. En el acto, el excandidato a la alcaldía de Xalapa, Román Moreno, fue nombrado nuevo dirigente municipal en la capital del estado. Andy y Adán Augusto estarían metidos en la obra del “Pirata” Fuente Como una hidra de varias cabezas, así se parece cada vez más el gran negocio de la obra de reconstrucción del estadio de futbol Luis “Pirata” Fuente, en el que estarían metidos Andrés Manuel Andy López Beltrán y Adán Augusto López Hernández, hijo biológico el primero y hermano putativo el segundo, respectivamente, del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Eso explicaría por qué pese a que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez dejó inconclusa la obra y además lo construido tiene partes mal hechas, el actual gobierno de Rocío Nahle no solo recibió la obra sin chistar al cambio de administración sino que hasta la fecha no ha hecho un serio reclamo a la empresa constructora responsable para que responda por lo que bien podría constituir el delito de fraude. La última cifra registrada en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de lo que se ha invertido (o gastado) en la obra es de 1,676 millones 466 mil 826 pesos, y apenas la semana pasada el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del estado reportó irregularidades en los trabajos con un posible daño patrimonial en la Cuenta Pública 2024 por 160 millones de pesos, equivalente al 10 por ciento del gasto programado de la obra. Lo que sería inicialmente solo una remodelación inició en febrero de 2023, durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, a construirse en tres etapas, y el presupuesto inicial fue aumentando. Ya como gobernadora electa, en julio de 2024 Rocío Nahle reconoció públicamente que había errores en la construcción, pero minimizó el problema: “Sí, hay una falla de diseño, pero es algo sencillo de arreglar, ya lo revisaron Protección Civil y la SIOP”. No dijo de dónde saldrían los recursos y tampoco mencionó para nada hacer efectiva la fianza que se supone que dejó en garantía la empresa constructora para reparar cualquier defecto. Columnista destaca la cercanía; hay documento de por medio El martes pasado, el columnista Mario Maldonado, publicó en El Universal que un grupo de empresarios allegados a Adán Augusto López Hernández firmaron contratos, administraron recursos millonarios o manejaron negocios en su nombre, y ahora están bajo auditorías, acusaciones o tragedias “que exhiben las sombras del poder”. Dijo que uno de los más visibles es Fernando Padilla, poblano- veracruzano, pero que a su lado operaba también Mario Manuel Guerra Mabarak, contador y apoderado de GRUPAEM México JF, S.A. DE C.V. Recordó que en 2019 firmó contratos por más de mil millones de pesos para la remodelación del estadio ‘Pirata’ Fuente en Veracruz, proyecto que terminó bajo investigación del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS). En efecto, el 2 de septiembre de 2024 el diario Notiver publicó el facsímil de un contrato por casi 500 millones de pesos para la tercera etapa y la empresa beneficiada es GRUPAEM México JF, S.A. DE C.V., documento en el que aparece como encargada Diana Yazmín Muñoz López, que registró como domicilio: Cantil Colorado sin número, Col. Sin Nombre, en la localidad Los Reyes, municipio de Emiliano Zapata, aunque en el documento bloqueó el domicilio para oír notificaciones, así como el correo y número de teléfono. La vinculación de Guerra Mabarak con Andy la detectó mi compañera reportera de investigación Flavia Morales, corresponsal de Proceso, desde agosto pasado, quien apuntó que el empresario era uno de los acompañantes de López Beltrán cuando fue descubierto en el restaurante de un hotel de Tokio, Japón, en julio anterior. El empresario también sería el encargado de resolver temas relacionados a contratos de Adán Augusto. Al final, todo indica que estamos ante un negocio redondo en el que están involucrados presuntamente Andy López Beltrán, Adán Augusto López, Cuitláhuac García, el empresario Mario Manuel Guerra Mabarak, los principales, de ahí que no se espera que prospere ningún reclamo legal por la obra chambona que hicieron y que las denuncias del ORFIS terminen en el archivo muerto de la Fiscalía General del Estado. El entramado y la vinculación explicaría por qué la gobernadora Rocío Nahle, no obstante que presuntamente era enemiga política de Adán Augusto luego de que impulsó a Miguel Ángel Yunes Márquez para que se incorporara a Morena y hasta se especuló que sería su candidato a la gubernatura en 2030, ahora que le estalló el escándalo por “La Barredora” en Tabasco ha guardado silencio cuando se esperaba que se le fuera encima, y por qué López Obrador impuso a Cuitláhuac en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Business son business. Tres diferentes tipos de veracruzanas en el poder, juntas en un mismo acto Casi para todos pasó desapercibido un hecho histórico que se dio el sábado en el puerto de Veracruz, con motivo de la conmemoración de los 204 años de la creación de la Armada de México. En el presídium, acompañando a la presidenta Claudia Sheinbaum, estuvieron la anfitriona Rocío Nahle, veracruzana por vecindad y adopción porque no es nativa del estado; la senadora Laura Itzel Castillo, presidente de la Mesa Directiva del Senado, veracruzana por ius sanguinis, o sea por derecho de sangre, ya que aunque nació en la Ciudad de México su padre, Heberto Castillo, nació en Ixhuatlán de Madero; y la diputada Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, veracruzana por ius soli, o sea, por nacimiento, pues nació en Juan Rodríguez Clara el 25 de octubre de 1974, aunque casi toda su vida la ha hecho en la Ciudad de México. El hecho refleja la riqueza y la diversidad política de Veracruz, pero, además, cómo las mujeres han escalado a cargos importantes, que en el siglo pasado y ya entrado en el actual estaban reservados para los hombres. Rocío y Laura Itzel son de Morena, y Kenia, del PAN. Se puede decir que el Poder Legislativo del país lo controlan dos veracruzanas, pues una preside el Senado y la otra la Cámara de Diputados, y llevan la conducción de sus respectivas parcelas con mucha solvencia.

COMUNICADO DE PRENSA ISLAMIC RELIEF USA dona a ACNUR México

COMUNICADO DE PRENSA View in Your Browser UNHCR Letterhead COMUNICADO DE PRENSA Islamic Relief USA dona a ACNUR México para apoyar a las personas refugiadas Crédito: © ACNUR/Brenda Aguirre Ciudad de México, 8 de octubre de 2025. Islamic Relief USA (IRUSA) y ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, anunciaron una alianza para movilizar un millón de dólares estadounidenses con el objetivo de fortalecer la protección e integración de personas solicitantes de asilo, refugiadas y desplazadas internas en México, en un momento de gran presión sobre los fondos humanitarios a nivel global. El compromiso fue anunciado durante la reciente misión de IRUSA a México, donde la delegación pudo observar de primera mano las necesidades y el impacto del trabajo en el terreno. “México es un país clave que alberga a personas desplazadas y demuestra el impacto positivo de las iniciativas de integración. Nos ha impresionado el trabajo que ACNUR lidera para las personas refugiadas en el país, y decidimos apoyar esta labor con una donación de un millón de dólares para garantizar que las personas refugiadas estén bien protegidas y puedan tener un futuro esperanzador”, compartió Ahmed Shehata, Director Ejecutivo de IRUSA. Esta iniciativa busca generar oportunidades para las personas refugiadas, solicitantes de asilo y desplazadas en México. La alianza contribuirá a mejorar la infraestructura del recién inaugurado Centro Multiservicios en Tapachula, un espacio que reúne los servicios de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y ACNUR, así como de otras organizaciones aliadas. Además, el apoyo de IRUSA impulsará las oportunidades de asistencia humanitaria y de integración a largo plazo en la Ciudad de México. Crédito: © ACNUR/Brenda Aguirre “Esta contribución llega en un momento crucial para garantizar la continuidad de los esfuerzos destinados a proteger a quienes huyen; esperamos que sirva como ejemplo para que otras organizaciones internacionales respondan con compromiso, empatía y responsabilidad”, señaló Giovanni Lepri, Representante de ACNUR en México. “Como socio estratégico de USA for UNHCR, el apoyo ampliado de Islamic Relief USA ayudará a que las personas refugiadas en México puedan construir vidas seguras y dignas, y contribuir a sus nuevas comunidades”, comentó Suzanne Ehlers, Directora Ejecutiva y CEO de USA for UNHCR. Este anuncio llega en un contexto desafiante para la respuesta humanitaria internacional, ya que los recortes de financiamiento amenazan con limitar los programas esenciales que protegen e integran a las personas forzadas a huir de sus hogares. La contribución de IRUSA ayudará a mantener y ampliar los servicios clave en México, uno de los países del mundo que recibe más solicitudes de asilo. La alianza entre IRUSA y ACNUR se ha construido a lo largo de años de colaboración y ha demostrado ser un modelo estratégico de cooperación y liderazgo en la respuesta ante crisis humanitarias. La visita de Ahmed Shehata, Director Ejecutivo de IRUSA a México es significativa, ya que es la primera desde su nombramiento como Defensor Eminente, un reconocimiento global otorgado por ACNUR que destaca su papel fundamental como aliado clave en la movilización de apoyo y en la promoción de soluciones para garantizar los derechos de las personas refugiadas ACNUR expresa su sincero agradecimiento a Islamic Relief USA por esta generosa contribución, que tendrá un impacto directo en la vida de miles de personas desplazadas, fortaleciendo su protección y abriendo mayores oportunidades de integración en las comunidades que las acogen. Acerca de Islamic Relief USA Islamic Relief USA (IRUSA), con sede en Alexandria, Virginia, es una organización humanitaria sin fines de lucro. Su misión es brindar asistencia y desarrollo de manera digna, sin distinción de género, raza o religión, y trabaja para empoderar a las personas en sus comunidades y darles voz en el mundo. Sus programas benefician cada año a millones de personas en más de 40 países, incluidos los Estados Unidos. IRUSA forma parte de la lista de organizaciones benéficas de la Combined Federal Campaign (CFC) del gobierno de Estados Unidos y es signataria del Código de Conducta de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Acerca de USA for UNHCR USA for UNHCR protege y apoya a las personas refugiadas mediante la movilización de recursos, la sensibilización y la acción a través de una red de aliados comprometidos. Fundada por ciudadanos estadounidenses preocupados por la situación de las personas desplazadas, USA for UNHCR es una organización sin fines de lucro que busca cubrir las necesidades no atendidas de más de 122 millones de niños, mujeres y hombres que se han visto obligados a huir de sus hogares a causa de la guerra, la violencia o la persecución. Como la única organización dedicada a recaudar fondos y generar conciencia en Estados Unidos para ACNUR, USA for UNHCR ha recaudado más de 700 millones de dólares en efectivo y donaciones en especie durante los últimos cinco años para apoyar a las personas refugiadas. Acerca de ACNUR La Agencia de la ONU para los Refugiados es el organismo de las Naciones Unidas encargado de proteger y asistir a las personas que se ven forzadas a huir de sus países debido a conflictos, persecución o violaciones de derechos humanos. Fundada en 1950, ACNUR ha ayudado a más de 100 millones de personas en todo el mundo, trabajando en más de 130 países para garantizar el acceso al asilo, la protección internacional y soluciones duraderas como la integración local. En México, ACNUR colabora con autoridades, organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para fortalecer el sistema de asilo, mejorar la protección de las personas refugiadas y apoyar su integración efectiva en las comunidades de acogida mediante el acceso al empleo, la educación y los servicios básicos. Para más información, por favor contacte: ACNUR México Silvia Garduño – Oficial de Información Pública Teléfono: +52 55 2848 7440 mexmepi@unhcr.org

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BOLETÍN de PRENSA Acoso administrativo y abuso de autoridad en la Dirección General de Profesiones de la SEP, acusan universidades * Escuelas particulares denuncian irregularidades, plazos imposibles y amenazas de bloqueo mientras se les “invita a ejercer su derecho de audiencia” Ciudad de México, a 8 de octubre de 2025 En los últimos meses, decenas de Instituciones de Educación Superior (IES) han denunciado un creciente acoso administrativo y abuso de autoridad dentro de la Secretaría de Educación Pública (SEP), encabezada por el secretario Mario Delgado, quien —según los directivos— ha permitido que la Dirección General de Profesiones (DGP) a cargo de José Omar Sánchez Molina, rebase sus facultades legales y someta a las universidades a un laberinto burocrático sin sustento normativo. De acuerdo con las denuncias, detrás de este esquema se encuentra Israel Jerónimo López, funcionario de la DGP, quien ha firmado oficios y aplicado medidas que exceden sus atribuciones, en un contexto de omisión y permisividad institucional desde los más altos niveles de la SEP, afectando la estabilidad del sistema educativo superior. El proceso comenzó con la llamada “Jornada Nacional de Actualización”, supuestamente orientada a revisar títulos emitidos por las universidades, pero que en la práctica se ha transformado en una campaña de presión masiva contra las instituciones educativas, ya que las solicitudes de información se multiplicaron hasta exigir la entrega digital del 100 % de los expedientes de egresados —incluso de los años 60, 70, 80 y 90— en plazos de apenas 5 o 10 días hábiles, un requisito que resulta imposible para escuelas que en esas décadas solo contaban con archivos físicos. A la falta de claridad se suma un patrón que las universidades califican de irregular: los oficios llegan con fechas manipuladas o retroactivas, de modo que los plazos legales vencen incluso antes de que el correo sea recibido y, en algunos casos, el correo menciona 10 días para responder, pero el documento anexo marca 5; en otros, la notificación llega después de expirado el plazo. Las instituciones que, aun así, logran entregar la información a tiempo son objeto de nuevos requerimientos o amenazas de cierre del Módulo Electrónico de Títulos (MET), bajo el argumento de que “no respondieron” o que su información está “incompleta”, lo cual ha generado incertidumbre, sobrecarga operativa y afectaciones directas a estudiantes que no pueden titularse ni obtener su cédula profesional. A partir de marzo de 2025, la DGP implementó cambios unilaterales a sus procesos administrativos sin publicarlos ni incluirlos en su manual de procedimientos, puesto que, los nuevos formatos, llamados “layouts”, fueron comunicados informalmente a las instituciones por mensajes de WhatsApp, sin capacitación ni circular oficial, a la vez que, el proceso presencial fue eliminado sin aviso, reemplazado por un supuesto trámite “digital” que en realidad consiste en el envío de correos electrónicos y oficios sin registro de seguimiento ni trazabilidad oficial. La Dirección General de Profesiones ha comenzado incluso a negar registros de programas académicos ya aprobados por la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR), autoridad que sí tiene facultades legales para evaluar y sancionar planes de estudio. En contraste, la DGP carece de esas atribuciones, pues su papel se limita a vigilar el ejercicio profesional. No obstante, la DGP ha asumido funciones de supervisión académica: revisa cargas crediticias, cuestiona mapas curriculares y exige documentación estructural de las instituciones, como planos y constancias de uso de suelo, en una clara extralimitación de competencias. Otro punto de conflicto es la emisión de exhortos. Cuando las escuelas no pueden cumplir los plazos imposibles, reciben oficios donde se les advierte que sus cuentas en el MET podrían ser suspendidas, afectando el registro de títulos y la titulación de sus egresados. Estos documentos citan el Artículo 5° Constitucional y su ley reglamentaria como fundamento, pero en realidad no existe disposición que autorice a la DGP a imponer sanciones o suspensiones. Paradójicamente, al final de cada oficio, después de la amenaza de bloqueo, aparece una frase recurrente donde prácticamente se les dice “tiene usted derecho de audiencia y podemos platicar”, porque ese es el mensaje del exhorto que dice: “se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”, firmado por Israel Jerónimo López, director de Autorización y Registro Profesional. Para las universidades, esta frase ilustra el doble discurso institucional: primero se paralizan los trámites y después se ofrece un diálogo tardío, condicionado y carente de efectos reales. A esto se suma que desde abril la plataforma oficial para actualizar datos institucionales permanece cerrada, lo que impide cambiar correos de contacto o subsanar errores. Los oficios siguen enviándose a direcciones inactivas y la falta de respuesta se usa como justificación para sancionar. “Las escuelas se sienten sorprendidas, asustadas, inciertas, tristes, enojadas, impotentes y muy frustradas, víctimas de violencia hasta psicológica; hicieron un gran esfuerzo para entregar TODO ESCANEADO como se los pedían, no durmieron en días y ahora resulta que de todos modos les llega la amenaza del exhorto porque internamente en la DGP no tienen control de qué escuela les contestó, más allá del tema de si tienen o no atribuciones para hacerlo”, expresa el representante de una de las IES. El impacto no se limita al ámbito administrativo. Miles de estudiantes en proceso de titulación permanecen en espera de sus documentos, las instituciones enfrentan costos crecientes y el clima de hostigamiento amenaza la estabilidad del sistema de educación superior particular en México. Ante ello, las universidades afectadas exigen la intervención inmediata del secretario de Educación Pública, Mario Delgado, para detener las prácticas irregulares, reabrir la plataforma MET, restablecer los procedimientos formales y revisar la actuación de José Omar Sánchez Molina y su equipo en la Dirección General de Profesiones, antes de que esta situación derive en un colapso institucional de mayores proporciones. ------ooo0ooo----- PIES DE FOTO 1.- Aviso el día 10 de septiembre de que tienen 10 días hábiles para cumplir. 2.- Pero el plazo de entrega es para el día 13 de septiembre. 3.- La entrega la cumplen el día 13 de septiembre. 4.- Pero el 1 de septiembre fue entregado el exhorto de incumplimiento con la leyenda: “se procederá a la suspensión del Módulo Electrónico de Titulación (MET) y se les informa que conforme a derecho resulte procedente, se les otorgará la audiencia correspondiente”.